La estricta reserva con la que la jueza María Martínez -a cargo del proceso judicial del caso Business Track (BTR)- maneja la información copiada de las computadoras incautadas a los socios y empleados de la referida empresa ha originado que, por segunda vez en menos de dos semanas, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, salga al frente para exigir que se envíe copia de los archivos a la comisión parlamentaria encargada de investigar el "chuponeo’ telefónico. Pero, en esta oportunidad, Alva Castro no se refirió a una eventual denuncia contra la magistrada. Esta vez fue más allá. Sin poder asegurarlo, dijo que existirían "personajes poderosos" que vienen presionando a la jueza para que esta se rehuse a entregar el material. "Yo tengo la sospecha y la duda (de que existe alguien poderoso que presiona a la jueza Martínez) porque, si soy provisional, tengo que cuidar mi puesto y algo debo hacer (para mantenerlo)", señaló el legislador aprista.