A las constantes movilizaciones contra las empresas mineras en las últimas semanas se suman también acusaciones de presuntas promesas incumplidas, que en su gran mayoría corresponden al Estado y no a la empresa privada.Estas acciones sólo conducen a un camino: la pérdida de tributos. Sólo con la paralización de la mina que posee la empresa BHP Billinton Tintaya en el Cusco el fisco pierde más de US$ 100 mil diarios. Es decir, en esta semana se perdieron US$ 700 mil, Tintaya aún sigue cerrada y cientos de cusqueños no pueden ir a trabajar. En este contexto nada auspicioso la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) recibió llamadas de bancos de inversión y analistas financieros para expresar su preocupación por los problemas sociales, y lo que es peor, los analistas estarían pensando "reevaluar" las futuras inversiones.Esta percepción no es aislada. Filip Boyen, director general de Orient Express Perú, parte de la lujosa cadena Orient Express, dueña de hoteles con trenes y cruceros en 25 países, dijo en una entrevista a la agencia de noticias Reuters publicada en Invertia que "el reto más grande (del Perú) es solucionar los problemas sociales, porque eso sí es un peligro. Hasta ahora tenemos suerte porque, pese a todo, han sido protestas algo pacíficas, pero lo que pasa en la mina de cobre Tintaya sí preocupa". Recordemos que nuestro país es la sétima economía de Latinoamérica.El presidente de Southern Perú, Oscar González Rocha, confirmó que la SNMPE había recibido llamadas de inversionistas, e informó que se ha reducido el pago por derecho de vigencia (que se paga por las áreas que se tienen en concesión para la exploración minera), que el año pasado llegó a US$ 27 millones con algunos problemas."Ahora, en cuatro meses, es decir un tercio del año, apenas llegamos a US$ 3 millones: si lo multiplicamos por tres nos daría cuanto mucho US$ 10 millones, mucho menos de la mitad", refirió.Gonzales Rocha recordó que las empresas mineras no son el Estado para satisfacer las demandas de la población, y que en todo caso las autoridades utilicen los fondos provenientes del canon y las regalías aportados por las compañías mineras a fin de que lleguen a las regiones y sean utilizados en el desarrollo de las poblaciones.
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