Recién veintisiete meses después de los primeros asesinatos perpetrados en Trujillo a manos de un presunto escuadrón policial de aniquilamiento, la Policía de esa jurisdicción investiga los antecedentes de los muertos de quienes se sospechaba que eran delincuentes. El viernes 4 de diciembre, cuando el presidente Alan García dijo en conferencia de prensa que ya había pedido información sobre el caso, los efectivos de esta ciudad apresuraron la búsqueda de datos sobre los baleados. Lo que descubrieron quizás sorprendió a toda la comunidad policial de Trujillo: de una lista de 32 muertos, solo dos estaban requisitoriados. Según los documentos a los que tuvo acceso Perú.21, el día del anuncio presidencial, el jefe del Escuadrón de Emergencias de la zona, coronel Elidio Espinoza Quispe -denunciado por la Fiscalía por ser el presunto cabecilla del escuadrón de la muerte- le pidió al jefe de la Oficina de Investigación Criminal de Trujillo, coronel Carlos Mesía Nieto, los antecedentes penales, policiales y requisitorias de las 32 personas que, según las denuncias, fueron ejecutados por la Policía. Es decir, recién después de más de dos años de ocurridas las muertes, se interesaron en saber si las víctimas estaban realmente "fichadas".