Amenazas contra la vida, daños a la propiedad pública y privada, así como la afectación al libre tránsito, el impedimento del ejercicio de funciones de la autoridad o la paralización de los servicios públicos son algunas de las características de los conflictos que arrastra el país desde antes del 2003, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo al 31 de mayo de este año. De estos, 29 están activos y 40 no han sido resueltos. Del total, 23 casos se iniciaron este año, diez de ellos en mayo último. Según el reporte, estos se concentran en los departamentos de Cusco, Huancavelica, Puno, San Martín, Tumbes, Piura, Amazonas, Lambayeque y Ayacucho. En el primer caso se trata de la exigencia de la población de Espinar para que la minera Tintaya incremente su aporte a la comunidad. Hasta ayer el diálogo había avanzado, pero no se vislumbraba una solución final. En Puno, las cosas también son difíciles, pues aún no se resuelve la queja de los pobladores de la isla Uros contra el Inrena. Piden la creación de la Reserva Comunal del Titicaca para que sea administrada por ellos mismos. Otro grupo social que causa problema es el cocalero.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 26] /