Es un paso adelante que el Ejecutivo, mediante decreto de urgencia, haya establecido la necesidad de una evaluación previa para el nombramiento del personal público con más de tres años de servicios contratados bajo servicios personales que fue autorizado por la ley del Presupuesto del 2010.Ahora, falta que esta evaluación sea lo más transparente posible, para evitar cualquier intromisión de tipo político en la selección y nombramiento de los empleados públicos, y que estos resulten los más idóneos. Sin embargo, a solo 18 meses del término del Gobierno actual, deja mucho que desear lo hecho a la fecha en cuanto a la reforma del Estado en el campo del empleo público. Más allá de la creación del esquema de contrato administrativo de servicio (CAS), que otorga beneficios reducidos a los trabajadores (15 días de vacaciones, seguridad social y sistema pensionario) que estaban contratados bajo la modalidad de servicios personales, la reforma de fondo se ha dejado de lado. En el Estado, coexisten diferentes regímenes: Ley de Bases de la Carrera Administrativa (DL 276), Ley de Productividad y Competitividad (DL 728) y ahora el CAS. Es por ello que el desorden persiste y no es raro, por ejemplo, que dos trabajadores públicos que hacen una misma labor reciban diferente trato y remuneración debido a las diferencias en su contratación. Esta situación debe remediarse cuanto antes, aunque, con los procesos electorales ad portas, ya es poco probable que este gobierno lo haga.Ha habido varios intentos. El último fue en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el Ejecutivo presentó al Congreso varios proyectos de ley, que en esencia buscaba en la transparencia contractual y salarial, y que todos los que trabajen para el Estado figuren en planilla.Sin embargo, por razones de tipo presupuestal (el nombramiento de los contratados demanda un gasto permanente para el Estado) y otras de tipo político siempre se ha visto truncada esta reforma. Es hora de que los partidos políticos que se consideran serios hagan un acuerdo preelectoral vinculante, a fin de que el que gane las próximas elecciones generales lleve adelante las reformas pendientes prioritarias. Entre ellas, las del empleo y las remuneraciones en el sector público.
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