Después de más de dos semanas de haber estado deshojando margaritas, la jueza Antonia Saquicuray Sánchez por fin decidió oficializar su decisión que, en realidad, ya estaba cantada. La magistrada rechazó el pedido de inhibición que le había hecho la justicia militar y anunció que continuará al frente de la investigación judicial por el caso de espionaje realizado por el técnico FAP Víctor Ariza Mendoza.Según fuentes cercanas a la jueza, ella notificó al fuero militar que su pedido de inhibición era infundado y que no existía razón para apartarse del caso. Argumentó que en este caso de espionaje el agraviado no era la Fuerza Aérea del Perú, sino la defensa nacional, o sea todo el país, y, por lo tanto, se trataba de un delito común y no un delito de función como alegaba la justicia militar. En consecuencia, en su opinión el proceso debía seguir en el fuero común. (Edición sábado).