La controversia en torno a la minera canadiense Barrick Misquichilca todavía no termina, por el contrario recién comienza en el Congreso. La subcomisión que investigó el caso se encuentra dividida entre quienes consideran que el Ministerio de Economía ha puesto una camisa de fuerza a la Sunat al crear una Defensoría del Contribuyente y los que opinan que esta afirmación es un exceso. El martes 7 de junio, la subcomisión investigadora presidida por el legislador Pedro Morales (AP) presentó a la Comisión de Economía el informe final sobre la controversia entre la Sunat y la minera canadiense, la misma que tiene su origen en una ley aprobada durante el gobierno fujimorista, que le permitió a Barrick ser exonerada del pago de impuestos.El informe de Morales sólo contaba con dos firmas de las cinco que debieron estamparse. La suya y la de su colega del FIM, Carlos Infantas. ¿La razón? Si bien sus compañeros con los que investigaron el caso, Wilmer Rengifo (PP), Kuennen Franceza (UN) y Jorge Mera (SAUI), estuvieron de acuerdo con el contenido del documento, a la hora de redactar las conclusiones y recomendaciones se acabó el consenso.Morales e Infantas plantean que se sancione constitucionalmente al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, porque se habría excedido en las facultades que le otorgó el Congreso al nombrar, sin tener autorización para ello, a un "Defensor del Contribuyente" con competencias que no hacen sino obstaculizar la tarea de la Sunat. Según el informe al que tuvo acceso este diario, Morales e Infantas opinan que existen indicios de que el MEF emitió una serie de dispositivos legales que otorgó un “escudo tributario” a Barrick Misquichilca y que, producto de ello, el fisco dejará de recibir unos 140 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponde al gobierno regional de Ancash por concepto de canon minero.
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