Si entre hoy y mañana el Poder Ejecutivo promulga la recientísima modificación del artículo 47 del Código Penal, decenas de procesados por varios delitos de corrupción del actual y del anterior gobierno que están con arresto domiciliario, podrían salir a la calle muy pronto. Y es que esta corrección computa cada día de arresto domiciliario como día efectivo de pena. Es decir que a los procesados que hoy están detenidos en sus casas se les descontará ese tiempo transcurrido, de la pena que le imponga la justicia. Por tratarse de un norma procesal, de inmediato se aplica sobre los procesos judiciales en curso como los que afrontan los hermanos Áybar Cancho, el testaferro del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, Alberto Venero, la ex conductora de televisión, Laura Bozzo así como la hermana menor del actual jefe del Estado, Margarita Toledo, y todos aquellos que estén involucrados en el caso de la firmas falsas de País Posible. De inmediato se generó una ola de advertencias por parte de varios legisladores sobre los alcances de esta futura ley. Los legisladores Heriberto Benítez (ex FIM), Michael Martínez (GPDI) y Yonhy Lescano (AP) emplearon todos los tonos para alertar del peligro que implica la promulgación de la norma por lo que reclamaron que sea observada por el Poder Ejecutivo.