El Estado Peruano lleva a cabo actividades empresariales de diversa índole. Si bien hay desacuerdo acerca de la conveniencia del papel empresarial del Estado en la economía, más allá de la posición ideológica que uno tenga (esto es, privatizar o no) hay consenso en que la gestión debe ser productiva, eficiente y especialmente transparente para garantizarnos todo lo anterior. ¿Sabía que Petro-Perú es la principal empresa del país, con ingresos que sobrepasaron los S/.8.500 millones el 2004, superiores a los de empresas como Telefónica (S/.3.161 millones), Alicorp (S/.1.801 millones) y el Banco de Crédito (S/.1.518 millones)? ¿Sabía que ha tenido utilidades de más de S/.182 millones, es decir más que Alicorp y Telefónica juntas? ¿Sabía que atiende a más del 53% del mercado local? La administración de Petro-Perú ha implementado iniciativas importantes como ahorros en su consumo energético y la adecuación de sus sistemas de gestión ambiental ISO 14001 en las refinerías de Talara y Conchán y en los aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Pisco, Tacna y Trujillo. Eso es positivo. Sin embargo, preocupa que en tres años haya cuadruplicado sus gastos en asesorías de terceros (S/. 1.263 millones a S/. 4.188 millones) y que no se estén impulsando mayores niveles de transparencia en su gestión. La empresa no da a conocer, por ejemplo, la hoja de vida de su presidente ni de su gerente general (quien había sido separado del cargo de gerente comercial el año pasado teniendo varios procesos de auditoría interna en curso). Si a ello se suman los escándalos por el negociado de combustibles y el advenimiento del proceso electoral, hay suficientes motivos de preocupación ciudadana. ¿En un entorno de precios internacionales en alza y del fondo de estabilización de combustibles 'vacío', qué garantía tenemos los ciudadanos de que se estén realizando las inversiones necesarias y adoptando las medidas de ahorro y eficiencia adecuadas? ¿Qué mecanismos existen para evitar que esta empresa se convierta en el botín del Gobierno? Así como a través de las AFP, los trabajadores son dueños de acciones de varias empresas cotizadas en bolsa, los ciudadanos somos los 'accionistas' de Petro-Perú y otras empresas estatales, a través del Fonafe (una dependencia del Ministerio de Economía, que hace bien su labor). Pero a diferencia de las AFP, hoy en día Petro-Perú es administrada para y por su gerencia, sin rendir efectivamente cuentas ni contar con mecanismos eficaces de transparencia. Toca reforzar el rol técnico y supervisor del Fonafe, pero también poner bajo la lupa la gestión de Petro-Perú y hacer que cumpla con los mecanismos necesarios para que sea más transparente y eficiente, señala Beatriz Boza.