El abaratamiento del gas de Camisea para el usuario final depende de una decisión política que debe partir del Ejecutivo o del Congreso. Para el especialista César Gutiérrez, el punto de partida es la Ley de Hidrocarburos de 1993, que da libertad de precios para los combustibles, permitiendo al productor de Camisea (la argentina Pluspetrol) aplicar precios diferenciados de hasta 35 puntos porcentuales entre un comprador local y uno que lo hace desde el extranjero. Al comprador local de gas licuado (el que se distribuye en balones) le aplica un precio más alto (le suma el costo de flete marítimo, no obstante que el producto no es importado), mientras que ofrece un precio menor al comprador del extranjero, quien sí necesita movilizar su carga a través de un barco y por el que paga un flete."La única forma de terminar con los precios diferenciados es que Pluspetrol decida dar mayores descuentos, ya que es su potestad y no es obligatorio, o se cambia la Ley de Hidrocarburos y se establece que no haya trato diferenciado entre un comprador local y uno del extranjero. Esto último necesita 80 votos en el Congreso", agregó al indicar que cambiar dicha ley no implica variar las reglas de juego, sino que se busca ampliar los beneficios a los usuarios, recordando que en Argentina, durante el gobierno de Menem, se obligó a la entonces YPF a un trato igualitario.