La reacción puede ser tardía, pero se convertiría en el primer paso para que el Estado tome conciencia sobre la dimensión del problema ambiental que sufren las poblaciones del centro del país impactadas por la minería (La Oroya, Cerro de Pasco, Morococha). Así, la Comisión de Energía del Congreso de la República aprobó un informe de la Subcomisión de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que insta al Gobierno a declarar en emergencia ambiental dichas poblaciones. Eduardo Carhuaricra, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, recordó que la responsabilidad principal de estos pasivos la tiene el Estado a través de la empresa Centromín. Así, la estatal sería responsable del 80% de los pasivos ambientales en las ciudades de La Oroya y Cerro de Pasco, por lo que el Estado deberá asumir la solución, remarcó. Al respecto, el documento recomienda que el Ministerio de Economía y Finanzas extienda una partida de US$35 millones para solucionar los pasivos ambientales más urgentes en la zona y promueva la creación de un fondo de previsión ambiental encargado de mitigar el impacto minero. Este fondo, señaló Carhuaricra, se generaría con ingresos de las concesiones mineras otorgadas por Pro Inversión.