El país necesita reducir la brecha de inversión en infraestructura pública, y una de las formas de lograrlo es a través de los procesos de concesión. Pero no faltan instituciones del Estado que en vez cooperar con el éxito de las concesiones, ponen trabas. Por ejemplo, en materia de regulación tarifaria.Es el caso de la Contraloría, que según el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Juan Carlos Zevallos, se excede en sus funciones de control de concesiones e, incluso, llega a cuestionar la fórmula de regulación tarifaria en materia de transportes."Entiendo que la Contraloría tiene como objetivo revisar que los funcionarios públicos cumplan con toda la normativa vigente, pero no puede meterse a explorar los modelos económicos tarifarios. ¿Quién es el regulador, Ositran o la Contraloría?", se preguntó.
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