Un político español que nos visitó hace algunos años como expositor a un congreso de la Confiep señaló que no iba a ser posible una transición ordenada y efectiva si no se cumplía tres requisitos fundamentales: primero, que hubiera partidos nacionales consolidados; segundo, que hubiera un manejo fiscal sumamente responsable y, tercero, que existiera un Tribunal Constitucional que no fuera politizado. Lo primero no existe. No hay un solo partido que pueda exhibir una organización nacional activa, convocante, participativa. La mayoría de locales partidarios se abre sólo meses previos a las jornadas electorales.Y cuando funcionan, sólo lo hacen administrativamente, sin ninguna actividad política propiamente dicha (basta ver lo que sucede cada vez que hay problemas sociales en diversas zonas del país: los partidos no existen, no fijan posición, ni siquiera se pronuncian).El Tribunal Constitucional que hoy tenemos es un sancochado partidario. Y el resultado lo vemos hoy en día, con fallos lamentables que son casi un despropósito (como el reciente que prácticamente define ideológica, no constitucionalmente, el tema de las tasas de interés bancarias).Por el lado fiscal, se suele exhibir cifras positivas, pero la verdad, como lo ha indicado recientemente el propio Banco Central de Reserva, es que hay un problema fiscal larvado que, lejos de apuntar a resolverse, ya muestra indicios de agravamiento a raíz del fiestón electoral que el régimen prepara para mejorar sus perspectivas electorales en el 2006 y que se traduce en el impresionante y sostenido aumento del gasto público en los últimos meses.La transición ha naufragado en términos generales -sin reformas, no hay transición real- porque este gobierno nunca supo siquiera qué significaba la palabra y creyó engañarse a sí mismo con los protocolos inocuos del llamado Acuerdo Nacional.El panorama que se avizora nos conduce a pensar que aquél que asuma las riendas del poder el 28 de julio del próximo año deberá incluir en su agenda programática el inicio en serio y a fondo de un proceso radical de reformas en prácticamente todas las áreas del quehacer gubernativo, en las cuales se ha hecho nada o muy poco, o simple y llanamente se ha retrocedido, manteniendo los esquemas autoritarios de la década pasada, señala el director del diario La Primera, Juan Carlos Tafur.