Una fuerte discrepancia se ha desatado entre la estatal Activos Mineros y Doe Run por la remediación de los suelos contaminados de la ciudad de La Oroya. Mientras que la primera (empresa pública encargada de remediar los pasivos mineros dejados por la participación estatal en el sector) indica que Doe Run debe participar en la remediación de los suelos, la empresa minera arguye que corresponde completamente al Estado solucionar este daño ambiental. El gerente general de Activos Mineros, Víctor Carlos Estrella, señala que, según el contrato de transferencia firmado cuando la estatal Centromín vendió el complejo metalúrgico de La Oroya a Doe Run en 1996, al Estado solo le toca hacerse responsable de todos los pasivos ambientales generados en suelos hasta octubre de ese año. Lo generado en adelante -según la interpretación de Estrella- es responsabilidad del Estado solo si Doe Run cumple satisfactoriamente su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y no supera el nivel de emisiones contaminantes que tenía Centromín cuando operaba la fundición y refinería de La Oroya.