El contraste no puede ser mayor. Uno de los lugares más biodiversos se ha convertido en un desierto. Un rincón del planeta tan vivo como frágil ha sido tratado con dureza inhumana y mortal. Pero lo que vemos en Madre de Dios y Puno no es solo un desastre ambiental; también es una tragedia humana. Empecemos por las precarias condiciones en que se trabaja y se vive. No olvidemos el desastre de Winchumayo que en marzo provocó casi una decena de muertos. Sin presencia estatal alguna, esta actividad convive con la trata de personas y con la violencia abierta. Con ríos y peces envenenados que vulneran la salud de las comunidades aledañas. Todo esto beneficia, al final, a unas pocas personas, a costa de la naturaleza y de los seres humanos.Para enfrentar esta grave situación debemos abandonar los eufemismos. No se debe confundir el manejo de actividades mineras de pequeña escala -que se realizan con técnicas artesanales-, que pueden ser desarrolladas cumpliendo las normas ambientales y sociales, con el que concierne a la minería ilegal, que se realiza a pequeña, mediana y gran escala, y que incluso utiliza maquinaria pesada. No debemos ocultar, bajo la etiqueta de "informal", actividades abiertamente ilegales. Se debe reconocer que la decisión de encargar a los gobiernos regionales la tarea de enfrentar este problema fue un error. Un reciente informe de la defensoría ha puesto en evidencia que dicho nivel de gobierno carece de la capacidad necesaria para ejercer las funciones que se les viene transfiriendo. Se requiere un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno. ¿Los objetivos? Poner fin a la expansión de este cáncer, atender a los afectados e identificar y sancionar a los principales responsables del problema. Lamentablemente, la recuperación de las zonas devastadas demorará muchos años.Para alcanzar estas metas requerimos, entre otras cosas, una verdadera política de ordenamiento territorial con sus respectivos instrumentos de aplicación, el fortalecimiento de la fiscalización, la revisión de la política de otorgamiento de concesiones -que ha sido utilizada como estrategia para evadir la ley- y el control de la maquinaria e insumos utilizados en dichas actividades. Además, debemos eliminar el principal incentivo que motiva a las personas que viven en la ilegalidad más precaria: la ausencia de oportunidades dignas de trabajo. La principal arma contra este flagelo es un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. En razón de todo ello, este es el momento de mostrar la voluntad política para poner fin a esta doble tragedia, señaló Iván Lanegra, de la Defensoría del Pueblo.