Los peruanos tenemos todo el derecho a exigir orden y firmeza a las autoridades ante los arrebatos violentistas de grupos radicales que, de modo sospechoso y sorpresivo, subvierten el orden y atacan la propiedad privada, como ha sucedido en Tintaya, en el Cusco. Allí, los furibundos ataques a las instalaciones mineras han obligado a la empresa a suspender sus operaciones, lo que es una maniobra intolerable contra las inversiones y el respeto a la legalidad. ¿Es que no hemos aprendido a mirar en el espejo retrovisor de lo que sucede en Bolivia donde extremistas de toda laya están pescando a río revuelto y llevando irresponsablemente el país al caos y la desintegración? Tales excesos, repudiables de por sí, lo son aun más cuando se trata de Tintaya, empresa que ha sido modelo de concertación con la comunidad y cuidado del medio ambiente. Al respecto, es sumamente revelador que tanto el alcalde como los representantes del sindicato hayan salido al frente para defender los convenios marco y rechazar la violencia. Entienden, con buen criterio, que está en riesgo no solo la viabilidad de la empresa sino también sus puestos de trabajo y la seguridad e integridad de las personas. Ha hecho bien el Gobierno en enviar una misión especial para propiciar el diálogo. Pero, paralelamente, tiene que activarse la inteligencia policial --es así como se ganó la guerra contra Sendero-- para investigar y denunciar a quienes azuzan la violencia tras bambalinas. En ello, por la experiencia reciente, no se puede descartar intereses politiqueros de algunos grupos que buscan protagonismo de cara a los próximos comicios, ni tampoco agendas vinculadas ideológicamente a grupúsculos terroristas o al narcotráfico. El Estado de derecho tiene que imponer la autoridad, que es la garantía básica para la convivencia social y la actividad económica y productiva. Ello implica el rechazo a cualquier atisbo de subversión, que debe ser sancionado ejemplarmente antes de que cunda el mal ejemplo. Democracia no es debilidad sino firmeza para asumir y aplicar sus principios de orden, ley y autoridad.