En el anteproyecto del código de consumo, se hace mención a conceptos relacionados con un intervencionismo estatal y el control de precios o tarifas, expresó con preocupación el presidente de la Confiep, Eduardo Briceño.Consideró que tales disposiciones son atentatorias contra las garantías mínimas ofrecidas a los inversionistas de diversos sectores regulados que han apostado por el país y por desarrollar sus actividades en un entorno de competencia, donde la libre oferta y demanda, es decir, el mercado, fija el precio."Lo peor es que son criterios subjetivos ("precio de intercambio justo", "nivel de rentabilidad del negocio aprobados a los proveedores en función al rendimiento de su inversión anual")", dijo.Se dice -por ejemplo- que la autoridad, no sabemos quién, de repente la asociación de consumidores, considerará qué es lo justo. "Eso debe eliminarse, impedirá que existan servicios regulados concesionados a privados", expresó.
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