Durante su exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, defendió la decisión del gobierno peruano de eliminar los beneficios penitenciarios a procesados o sentenciados por terrorismo, al señalar que este flagelo no es cosa del pasado y sigue generando muertes en varias zonas del país."Hemos considerado que las circunstancias en el Perú no son para alentar, hoy en día, beneficios mayores para el terrorismo, que no ha acabado en el Perú, no estamos revisando el pasado, hoy ocurre, hoy hay zonas en el país en el que están concentrados como el VRAE, en el Alto Huallaga", manifestó durante una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la CIDH, que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre.