La grave denuncia de una triangulación entre el narcotráfico, ONGs y un sector de la Iglesia para tumbarse los proyectos mineros debidamente calificados debe ser tomada en cuenta por el gobierno, si no quiere ver que la principal fuente de inversiones que sostiene el presupuesto público nacional se seque.Lo advertimos hace buen tiempo, pero la exasperante falta de reflejos gubernamental y la escandalosa renuncia del Premier a gestionar los crecientes conflictos, para evitar convertirse en bombero del régimen, ha creado todas las condiciones para que los grupos antimineros se paseen como Pedro por su casa al interior del país, incluso bajo el padrinazgo de un cura que ha hecho de este tema su bandera de campaña electoral.Nadie quiere una minería irresponsable y contaminante, esa debe ser la premisa bajo la cual el gobierno debe de empezar a diseñar una estrategia de comunicación en alianza con los gobiernos regionales y locales, que complemente los esfuerzos de las empresas mineras serias comprometidas con el desarrollo sostenible del país.El gobierno debe imponer su autoridad si quiere alentar las inversiones mineras, pero se equivoca de cabo a rabo si primero no pone orden, castiga a los rezagos de una minería irresponsable, y acompaña las inversiones en salud, educación e infraestructura básica en las zonas de influencia. De lo contrario la amapola puede terminar siendo el símbolo ganador de un hombre que usa la sotana para vendernos cebo de culebra. Dios nos coja confesados.
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