Era setiembre del 2004 cuando el Tribunal Constitucional (TC) reconoció en su sentencia que el régimen de la 20530 era un sistema inherentemente desfinanciado. Partiendo de esta premisa, y teniendo en cuenta que se cumplieron todos los pasos para llevar a cabo la reforma constitucional a fin de declarar cerrado el régimen de la 20530, no habría razón por la que ahora el TC acceda a las demandas que van en contra de esta reforma. Como se sabe, al ser insuficientes los aportes de este fondo para financiar las pensiones de los 295 mil pensionistas, el Estado se vio en la necesidad de subsidiar las pensiones mediante transferencias del Tesoro Público. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas (MEF), se calcula que los aportes efectuados por todos los pensionistas de esta ley llegan a los US$10,147 millones, monto que se obtiene considerando una tasa de aporte del 18% mensual y una rentabilidad de 4% anual.Sin embargo, se paga en pensiones US$36,000 millones, existiendo una diferencia estimada en US$24,564 millones. Con la reforma pensionaria este déficit desaparecerá.