Ahora que desde el Poder Ejecutivo se ha planteado la posibilidad de un referéndum para insistir en los proyectos para instaurar el voto voluntario y la renovación parlamentaria por mitades, es necesario aclarar el procedimiento para ejecutar este valioso instrumento de la democracia directa. Ante todo, debe considerarse que se trata de reformas constitucionales, y no de simples cambios legales, lo que implica un proceso más complejo que necesariamente requiere pasar por el filtro del Congreso de la República, en una interesante mixtura de democracia directa con democracia representativa. De acuerdo con el artículo 206 de la Carta Magna: "Toda reforma constitucional (como en el caso presente) debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas". Luego, se precisa: "La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral". Ello solo para la convocatoria del referéndum, mas no para su aprobación y eventual efecto reformista. En concreto, como lo desarrolla la Ley 26300, que norma los derechos de participación y control ciudadanos, hay dos vías para una reforma constitucional: primero, dos legislaturas con más de 80 votos, lo cual es difícil; y segundo, una legislatura con 61 votos y posterior referéndum. Una tercera vía "ir directamente al referéndum con un mayor número de firmas para aprobar las reformas mencionadas" es de momento solo teórica y fuera del ámbito constitucional, pues este sistema solo aplicaría para iniciativas legislativas y no para reformas constitucionales. Por esta razón, en la delicada coyuntura actual, tenemos que insistir en el llamado a la cordura y al sentido común, sobre todo a los congresistas. Los voceros de las bancadas democráticas tienen que reconsiderar su posición respecto de los cambios que clamorosamente demanda la mayoría ciudadana. Urge, entonces, superar esta etapa de fricciones y entrampamientos para promover los nuevos consensos imprescindibles orientados a reformar el Congreso y garantizar el libre sufragio. Se trata de una cuestión de legitimidad democrática que los obliga a escuchar a sus electores; y también a evitar un innecesario enfrentamiento de poderes que terminaría por desprestigiarlos aun más y arrastraría consigo al sistema democrático. Ya tenemos suficientes desencuentros entre el Poder Judicial y el TC, y entre este con el propio Congreso. Es momento, pues, de reflexión y de acercamiento. El Poder Legislativo no puede hacer oídos sordos a las exigencias de reformarse y mejorar el sistema democrático, por encima de cualquier cálculo electoral o interés politiquero. Dentro del marco constitucional y del estricto equilibrio de poderes, los congresistas tienen que recordar que se deben al país y a los electores, y, por tanto, tienen que actuar en consonancia con el interés nacional y la estabilidad política y social de la nación.