El Congreso colocó ayer al Perú a la altura de lo que dicta la Convención Interamericana contra la Corrupción al aprobar con 92 votos a favor y ninguno en contra nuevas y drásticas sanciones contra aquellos funcionarios públicos que cometan los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, cohecho pasivo y aprovechamiento indebido del cargo.Antes de esta modificación del Código Penal, el juez estaba impedido de dictar mandato de detención contra aquel mal funcionario público, aunque sí el de comparecencia. De ahora en adelante sí será aplicable esta medida, porque en todos los casos de delito de corrupción contra la administración estatal se impone un mínimo de cuatro años de carcelería, dado que el agraviado es el Estado.Dependerá ahora del Poder Ejecutivo la pronta vigencia de estas modificaciones del Código Penal y de la Ley contra el Lavado de Activos, las cuales no tendrán efecto retroactivo, aclaró ayer el presidente de la Comisión de Justicia, Alcides Chamorro. Aun así, se declaró alentado porque en adelante todo funcionario o servidor público tendrá que pensarlo dos veces antes de caer en la tentación de recibir dádivas, ventajas o prometer actos extra funcionales.