Preocupación ha suscitado en varios sectores la decisión del Congreso de la República de derogar los decretos 977 y 978, posibilitando así la restitución de las exoneraciones tributarias en la Amazonía. Esta disposición legislativa ha generado controversia porque significaría despojar a los respectivos gobiernos regionales y locales de importantes ingresos fiscales que están siendo invertidos en obras públicas que benefician directamente a los pueblos de esa región. El cuestionamiento a la reimplantación de un tratamiento tributario privilegiado a favor de grupos minoritarios no solamente proviene del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y municipalidades, sino de la población perjudicada y de empresarios interesados en realizar, a futuro, grandes inversiones en nuestra Amazonía, impulsando una infraestructura adecuada para un desarrollo integral, tanto en lo económico- financiero, como en lo social. Sólidos argumentos técnicos, sustentados por los resultados obtenidos después que fueron eliminadas las exoneraciones, también han sido planteados por reconocidos economistas y especialistas en el campo de la recaudación tributaria, inversiones públicas y desarrollo sostenido. Se ha demostrado que no se trata simplemente de eliminar las exoneraciones tributarias, sino de garantizar, a la vez, que lo recaudado por el fisco vaya directamente a los gobiernos regionales y, por tanto, a los pueblos de la región amazónica. El propio Presidente de la República, Alan García Pérez, en su reciente visita a Moyobamba, ha respondido de inmediato a la justificada preocupación expresada por los presidentes regionales y alcaldes de los departamentos afectados, a quienes ha asegurado que el Gobierno respalda y complementa las inversiones en obras sociales realizadas en los últimos años con fondos recaudados a partir de que se eliminaron las exoneraciones. Puntualizó, al respecto, que gracias a los mencionados decretos, los recursos de las exoneraciones ya no se quedan en manos de un reducido grupo de empresarios y comerciantes, quienes veían así protegidos sus intereses particulares, pero que sus sobreutilidades obtenidas no eran invertidas en las propias regiones sino fuera de ellas. El Jefe del Estado destacó el ejemplo dado por las autoridades de los departamentos de San Martín y Amazonas, quienes están realizando una inversión superior a la de otras regiones del país. El impacto positivo de la eliminación de las exoneraciones ha sido contundente. Las transferencias efectuadas a los gobiernos regionales de la Amazonía les ha permitido duplicar sus inversiones, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así tenemos que en 2008 Amazonas recibió 75 millones de nuevos soles, Madre de Dios obtuvo 74 millones, a Ucayali le correspondió 174 millones y San Martín contó con 160 millones. Por eso se justifican las observaciones formuladas por el MEF y los gobiernos regionales afectados.