El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Ferrero, está en la mira. La Contraloría General de la República abrió una investigación preliminar para confirmar si hubo o no irregularidad en el uso del dinero estatal en el contrato de seis estudios de abogados para analizar la situación jurídica del presidente Alejandro Toledo, tras la investigación del Congreso por el fraude de firmas, y la posterior publicación de sus opiniones. El pasado 18 de mayo, la PCM dispuso la publicación de avisos a doble página en diversos medios de comunicación, en los que se difundía las opiniones de seis juristas en contra de la vacancia, suspensión o inhabilitación del Mandatario como consecuencia de la falsificación de firmas. Según pudo conocer Correo, la Contraloría pidió a la Oficina de Control Interno de la PCM que le remita un informe de cuánto dinero se gastó en el contrato de los juristas y en la publicación de los avisos. "Una vez se tenga la información se verificará si la denuncia contra el premier Carlos Ferrero tiene sustento. En caso sea así, se abrirá una investigación oficial", señaló una fuente a Correo.