PETROAUDIOS Y CHUPONEO: UN AÑO DE DEUDA PENDIENTE CON EL PAÍS
7 de octubre de 2009

La constatación es dura pero irrefutable: Hace un año detonó el escándalo de los "petroaudios" -vinculado a las oscuras negociaciones que llevaron a la empresa noruega Discover, asociada con Petro-Perú, a ganar la licitación de varios lotes petroleros- y los peruanos seguimos sin saber quiénes están detrás de un esquema de corrupción cuyas ramificaciones rebasan el caso particular de Business Track -cabeza de una vastísima red de interceptación de comunicaciones o "chuponeo". La verdad es que en el caso de los "petroaudios" los primeros implicados, Rómulo Léon Alegría y Alberto Quimper Herrera, no tienen hasta ahora acusaciones legales firmes y contundentes, aunque éticamente ya fueron descalificados por la opinión pública. Y hoy, con grave escarnio para el Estado de derecho, siguen pulseando para recuperar plena libertad. Ello con sospechosos, pero indudables arrebatos de fuerza, que serían a su vez amenazantes mensajes cifrados para los involucrados que están, al parecer, en diferentes niveles del Estado.ANUNCIOS DE CAMBIO PARA QUE TODO SIGA IGUALLo evidente es que León y Quimper saben mucho. Pero cuando hablan es a regañadientes. La estrategia, coordinada con sus cómplices en libertad, parece ser dejar pasar el tiempo, que se diluya el interés de cierta prensa incómoda y de la ciudadanía, efectuar en el entretanto anuncios moralizadores y de cambio para, finalmente -como en la novela "El Gatopardo" de Lampedusa- lograr que todo continúe igual.Es decir, seguir conviviendo con y dentro de un sistema corrupto, que unos pocos controlan y del cual medran, mientras la ciudadanía está condenada a soportarlo sin poder hacer nada. Muestras de ello son la caída de un Gabinete y su reemplazo con compromisos rimbombantes de lucha contra la corrupción y las iniciativas anticorrupción lanzadas sin apoyo político ni presupuestal. También el encarcelamiento, la libertad provisional y la nueva vuelta a las rejas de León Alegría, todo dentro de un circo mediático sin anclaje sustantivo. A ello se suma el pedido de la jueza a cargo de BTR para inhibirse del caso y a renglón seguido su confirmación; la resistencia a ampliar los plazos de investigación y tras ello la aceptación de nuevos plazos; la inexplicable e injustificable demora para abrir los discos duros y hasta la falta de provisionamiento presupuestal (¡había que pagar simples peritos!) para ello; el show de León Alegría cuando plantó a la comisión congresal que lo entrevistó en el penal, etc. La verdad es que, tanto el Poder Judicial como las comisiones investigadoras del Congreso han tenido actuaciones patéticas, sobre todo la de los "petroaudios", mientras la otra, de espionaje, demora su informe mes tras mes.Los congresistas investigadores han sido burlados por los principales protagonistas del escándalo. ¿Cómo es posible que, un año después, sigamos desconociendo qué hay en los discos duros de las computadoras? ¿Y cómo es que, mientras tanto, las nuevas evidencias son aportadas por la prensa y no por el examen concienzudo de los documentos y de testigos?¿QUIÉNES PAGARON POR CHUPONEAR A QUIÉN?En lo que se refiere propiamente al caso de espionaje telefónico ("chuponeo"), la conducta de los jueces y de las comisiones parlamentarias sigue siendo igualmente deslucida y generadora de suspicacias. Lo único que se sabe es que hay seis detenidos, entre ellos varios miembros de la Marina de Guerra, pero las preguntas de fondo siguen sin ser esclarecidas. En tanto, la cereza de la torta ha sido el reciente enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial, a partir de la insistencia de la Comisión Luizar, formada para deslindar las responsabilidades políticas y funcionales en el espionaje telefónico, por conocer el contenido de los audios en poder de la jueza María Martínez, cuyos fueros han sido defendidos, en un tono y escenario melodramáticos, por las más altas autoridades del Poder Judicial. Sin embargo, ni unos ni otros responden: ¿Por qué no se conoce todavía quiénes pagaron por espiar a quién, por qué y para qué? ¿Cuál es el nivel de involucramiento de entidades institucionales (de gobierno) y empresariales (privadas) en prácticas delictivas destinadas a espiar, amedrentar y extorsionar a enemigos políticos, o, del otro lado, a conocer, por medios ilícitos, las estrategias de la competencia y tener información privilegiada?¡NO A LA IMPUNIDAD!El sentido común -que es lo que menos caracteriza a ciertos jueces y parlamentarios-, indica que no existiría "chuponeo" si no hubiera alguien que encarga y paga por tan invasiva tarea, que viola derechos humanos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad y la intimidad. Y, es bueno recordarlo, corresponde al Estado democrático garantizar la vigencia y primacía de estos derechos, y poner todos los medios para ello. Sin embargo, acá sucede lo contrario. La corrupción, por lo que parece, sigue instalada en algunos niveles del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. De otro modo no se entiende el persistente, impermeable y grueso manto de impunidad que se tiende sobre esta red de corrupción, cuyos principales tentáculos debemos diferenciar: por un lado lo concerniente al tráfico de influencias dentro de la estructura del Estado para favorecer a unas cuantas empresas; y por otro lado, los esquemas gangsteriles de espionaje y extorsión.