La reunión que ayer sostuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de la comisión parlamentaria que investiga el espionaje telefónico solo agravó las desavenencias entre el Poder Judicial (PJ) y el Congreso de la República.Los congresistas llegaron al Palacio de Justicia para exigir a Javier Villa Stein que se les permitiera acceder a la información sobre el "chuponeo" ilegal que realizaba la empresa Business Track (BTR), la cual tiene en su poder el Juzgado Penal 34 de Lima, a cargo de María Martínez.El congresista Rolando Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista) expuso las razones por las cuales se requiere esta información: Algunas conversaciones telefónicas interceptadas por BTR involucran a congresistas, vocales supremos y magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Y el Congreso -prosiguió Sousa- es el organismo competente para determinar la responsabilidad política de estas altas autoridades.