El pleno del Congreso aprobó en su sesión del jueves último la restitución de las exoneraciones tributarias para los departamentos de la selva. Y como se acerca la Navidad (y el inicio de la campaña electoral), en el Parlamento también se está pensando condonar los intereses de la deuda que un elevado número de empresas y muchas organizaciones del sector público, particularmente municipios, tienen con la Sunat.En el primer caso, los congresistas derogaron los dos decretos legislativos promulgados en el 2006 que eliminaban gradualmente las exoneraciones. Aparte de los pobres argumentos que expusieron quienes estaban a favor de la derogación, llamó la atención que el proyecto no se hubiera debatido en las comisiones de Economía y de Presupuesto, sino que hubiera sido visto únicamente por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.Tampoco se solicitó la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de los gobiernos regionales involucrados en el tema: Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. El apuro por aprobar la derogación contrasta con la parsimonia y desinterés con que los congresistas tratan otros asuntos. Lo más probable es que el presidente Alan García observe el proyecto de ley y lo devuelva al Congreso, que es lo que el viernes pidió el titular del MEF, Luis Carranza. Esperamos que el nuevo debate tome en cuenta la opinión y propuestas de los gobiernos regionales, incluyendo el de San Martín, que sí ha decidido reducir gradualmente las exoneraciones a cambio de recibir recursos directamente del Gobierno Nacional, esquema que podría aplicarse al resto de departamentos amazónicos, pues las exoneraciones no han impulsado el desarrollo ni la mejora de la calidad de vida de la población.En cuanto al caso de los morosos de la Sunat, antes de comenzar a "detectar intereses abusivos" y condonarlos, como han sugerido algunos parlamentarios, hay que tener en cuenta que el Estado no debe permitirse el lujo de dejar de cobrar lo que se le adeuda. Si la Sunat ha reaccionado tarde ante este problema y por mucho tiempo dejó que los intereses y las moras crecieran, entonces es su responsabilidad enmendar el error. Y si el Congreso quiere colaborar con la solución, lo mejor que puede hacer es exigir al ente recaudador que presente un plan para recuperar la deuda y para evitar que algo parecido vuelva a suceder en el futuro.
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