Todas las promesas se las llevó el viento contaminado, por supuesto. Contra toda lógica y coherencia, el Gobierno procedió a postergar en cinco años, hasta el 2015, el plazo que tenían las refinerías de combustibles para reducir el contenido de azufre en el diésel.¿Qué significa esto? Pues que, a contramarcha de la tendencia mundial, que brega por combustibles cada vez más limpios, los peruanos seguiremos soportando los altísimos niveles de contaminación del parque automotor que usa estos combustibles.El asunto concierne sobre todo a las refinerías de Petro-Perú (Conchán y Talara) y de Repsol (La Pampilla), que el año 2005 se habían comprometido a hacer las inversiones necesarias para reducir de 5.000 partes por millón (ppm) a 50 partes ppm el contenido de azufre en el diésel antes del 2010.Sin embargo, ni se avanzó en esto, ni hubo sanciones para nadie y, peor aun, ahora se las "premia" con una larga postergación de cinco años. ¡El mundo al revés!Ante esto, tenemos que preguntarnos: ¿Dónde quedó el principio de autoridad? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Energía y Minas y en el Osinergmin, que no cumplen su obligación constitucional de poner orden y regular el mercado de combustibles? ¿Y qué tienen que decir, a todo esto, los ministerios del Ambiente y de Salud, encargados de proteger el medio ambiente y la salud de la población? Como lo señalan los expertos, y lo advirtió también la Defensoría del Pueblo, era sumamente importante que las refinerías cumplieran con reducir el azufre en cinco años, lo cual era viable, y no en diez como se les ha autorizado ahora.No se trata solo de preservar el ecosistema y enfrentar amenazas gravísimas como el calentamiento global que tiene consecuencias nefastas en el clima y la agricultura, entre otras cosas, sino también de reducir los letales niveles de contaminación que afectan la salud y la vida de las personas.A pesar de todo ello, se sigue con las postergaciones. A propósito, lo que acaba de suceder ahora se parece mucho a lo que pasa con el PAMA de Doe Run, tema en el que se han permitido dilaciones altamente perniciosas. Una carga muy contaminada tendrá que soportar quien asuma el próximo gobierno. Y si hace esto ahora, ¿qué garantiza que se continuará con otras políticas para promover el uso de etanol y otros combustibles limpios? ¿Con qué autoridad moral podremos postular a los bonos de carbono cuando internamente seguimos permitiendo tal nivel de contaminación? ¿Y qué se va a hacer para garantizar la salud de los ciudadanos? El Gobierno tiene que reconsiderar y retomar el debido orden de prioridades. Las autoridades del Poder Ejecutivo, sobre todo las del MEM, deben asumir su grave responsabilidad y explicar a la nación esta indignante contramarcha que tiene muchas víctimas y coloca al Perú en una incómoda situación internacional.Como lo hemos señalado antes, urge establecer un nuevo cronograma para reducir los niveles de azufre, acompañado por mecanismos de seguimiento puntual, control, fiscalización y, por supuesto, de sanción, en lo que no puede haber ningún trato preferencial a ninguna refinería.