El poder de convencimiento del ministro de Vivienda, Francis Allison, no ha sido efectivo en los últimos días. No solo no logró convencer a sus colegas del gabinete ministerial -ante quienes intentó justificar su contrato laboral con la empresa Business Track (BTR)-, sino que ayer, ante la comisión del Congreso que investiga el "chuponeo’ telefónico, sus argumentos tampoco fueron contundentes. En la sesión reservada, que se prolongó por dos horas, Allison -según trascendió- contestó con evasivas las preguntas sobre la asesoría que brindó a BTR entre setiembre de 2007 y setiembre de 2008, sobre la fecha en que conoció a Carlos Tomasio, socio de la referida empresa, y sobre el contenido de los informes legales que, según dijo, elaboró para BTR. En este sentido, se supo que el ministro se comprometió a entregar al grupo de trabajo copia de los informes legales y documentación sobre sus declaraciones juradas presentadas a la Sunat. (Edición sábado).