La mayoría ciudadana pensaba que, al remitir "todo lo actuado" por la Comisión Villanueva al Ministerio Público, se diluiría el fantasma caótico de la vacancia y terminaría la intervención del Congreso de la República en el caso de la supuesta falsificación de firmas.También que se pondría fin a los enfrentamientos y los escándalos que hemos soportado durante más de cinco meses y que han dejado muy mal parado al Poder Legislativo, pretendiendo jugar irresponsablemente con el ordenamiento constitucional. Sin embargo, resulta que un grupo de congresistas saca de la manga, a última hora, la carta de una eventual acusación constitucional que, a los ojos de la opinión pública, no estaba en el libreto y respondería más a un mezquino ánimo persecutorio que a un auténtico afán de sancionar una falta. Es decir, si no se alcanzó los 80 votos para la vacancia, si la Comisión Villanueva no pudo probar --por las buenas y dentro de los mecanismos parlamentarios regulares-- la participación delictiva del presidente, pues hay que castigarlo de todas maneras por lo que son suposiciones o sospechas abiertas a cualquier interpretación. ¿Se dan cuenta los parlamentarios de lo que están haciendo? ¿Es que quieren seguir manteniendo en vilo la gobernabilidad al insistir en un excesivo afán de judicializar su función, a pesar de haber decidido transferir el caso a la fiscalía? ¿Hasta cuándo seguirán poniendo por delante sus afanes electoreros y revanchistas antes que la estabilidad y el interés nacional? Como lo hemos dicho ya, no se trata de defender al primer mandatario, sino de garantizar el respeto a la figura presidencial y la institucionalidad democrática, gravemente afectadas cuando son objeto de permanente asedio y acusaciones sin mayor sustento. Por supuesto que si hay pruebas contundentes, debe procederse a activar los mecanismos constitucionales pertinentes. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro --ni en el fondo ni en las formas-- ha podido hacer convincentemente la Comisión Villanueva, cuya labor perdió seriedad por sus marchas y contramarchas, por las peleas entre sus miembros, por la falta de credibilidad de sus testigos, por el forzamiento de quórum y por carecer siquiera de un dictamen en mayoría coherente para ser visto por el pleno. Habría también que preguntarse: ¿Significa poco o nada para ciertos parlamentarios la sólida posición de varios prestigiosos juristas que han criticado el proceder de la comisión por pretender usar mecanismos no previstos en la Carta Magna? Finalmente se trata de una cuestión de sentido común, de aprender la lección y de no repetir los mismos errores. Si el presidente u otras personas de cualquier partido hubieran tenido alguna participación en el esquema de las firmas, pues, como debió ser desde el primer momento, que respondan por sus actos ante la justicia. Es hora de recuperar la cordura y las buenas formas. Si el Congreso, que ya tuvo una ridícula actuación en el tema, insiste en el mismo con una forzada acusación constitucional, pues corre el riesgo de un nuevo contrasuelazo institucional que acarrearía, aun más, el debilitamiento de nuestro sistema democrático. Lo que debiera hacer es retomar su crucial función legislativa para debatir las leyes que necesitamos con urgencia. Por su parte, el oficialismo, dentro y fuera del recinto parlamentario, tampoco debe incurrir en actitudes triunfalistas. Lo que se defiende aquí no son personas ni grupos, sino el futuro de una nación que no puede seguir decepcionándose de sus representantes. Sin estabilidad política, lo sabemos, no podrá consolidarse la democracia ni la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones que creen empleo y desarrollo económico. Como ejemplo terrible de lo que no debemos hacer tenemos, muy cerca, el caos en que se debaten países vecinos por culpa de una clase política irresponsable.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /