El pedido de vacancia de la congresista Rocío González -quien tiene una condena firme de cuatro años de prisión suspendida por la comisión del delito de hurto agravado de energía eléctrica cometido por su empresa Proalim- está literalmente en el limbo, pues nadie en el Parlamento sabe con certeza cuál es el procedimiento que se debe seguir.El vocero aprista, José Vargas, señaló que si existe una sentencia firme (como que la hay) no queda otro camino que la vacancia, pero dijo que el caso tendría que ser analizado por la Comisión de Constitución para, luego, tomarse una decisión en el Pleno. Sin embargo, su colega Mercedes Cabanillas, presidenta de la citada comisión, aseguró que su grupo no trata esos temas, e indicó que el llamado a ver esos asuntos es la Comisión de Acusaciones Constitucionales.