Luis Carranza lanzó la voz de alerta. El ministro de Economía reveló hace 10 días en la Comisión de Presupuesto su preocupación por los contratos de personal que están realizando los gobiernos regionales. Es más, hasta planteó una investigación.Al parecer las sospechas de Carranza no eran noticia nueva en el Parlamento, pues ya un grupo investigaba el uso del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), una partida dotada de US$ 20 mil para que las regiones contraten técnicos bajo la modalidad de servicios no personales.Los resultados de su último estudio, iniciado en agosto, ya están listos. Este diario tuvo acceso al documento que harán público en las próximas horas.En él se señala que es necesario "establecer en un dispositivo legal requisitos explícitos para la contratación de personal altamente calificado con el FAG, por parte de los gobiernos regionales, a fin de asegurar la calidad del gasto y la gerencia pública regional".