ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A TOLEDO NO PROSPERARÍA POR FALTA DE VOTOS

Si de algo puede estar seguro el jefe del Estado, Alejandro Toledo, es que el tema de las firmas falsas lo perseguirá incluso después de que deje el poder el 28 de julio del 2006. Y es que la decisión del Parlamento, adoptada en la madrugada del viernes, de remitir al Ministerio Público la documentación obtenida por la Comisión Villanueva en el caso de las firmas falsas, apunta a deslindar la responsabilidad penal en este caso. Sin embargo, la responsabilidad política todavía no se escapa de las manos del Parlamento. Eso explica por qué la bancada aprista insistirá en presentar, durante las próximas horas, la denuncia constitucional contra el actual gobernante. Hay dos novedades que deben advertirse: primero, que las únicas pruebas que fundamentan esta denuncia contra Toledo son su "inconducta política" demostrada --según los 'compañeros'-- ya sea como "coautor" de las firmas falsas antes de asumir la jefatura del Estado o, después, como "elemento obstruccionista" en el proceso de investigación en sí.El segundo detalle es que las 40 firmas multipartidarias que se reunieron en la madrugada de ayer para impulsar el "juicio político" como una recomendación más del informe Villanueva, al cierre de esta edición no estaban del todo firmes. Quizás por eso, el secretario general aprista, Jorge del Castillo, trató ayer de maquillar la denuncia constitucional contra Toledo diciendo que no es más que el ejercicio correcto de un mecanismo político que no pretende desestabilizar el actual régimen político ni menos el sistema democrático, como ya empezaron a alegar los oficialistas. Sin embargo, no toda la oposición piensa igual.(Edición sábado).