La partida de ajedrez que inició Doe Run Perú (DRP) se complica. A pesar de que el Ejecutivo accedió a otorgarle a la metalúrgica de La Oroya un extenso plazo de 20 meses para que cumpla sus compromisos medioambientales, ahora esta se niega a aceptarlos y causa suspicacia entre especialistas.Y es que el pedido de DRP de un mínimo de 36 meses para cumplir el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) no sería más que una astucia de la empresa para entrampar el proceso. Así lo advirtió Juan Aste Daffós, consultor en temas minero-ambientales, para quien DRP buscaría declararse en bancarrota. "Al parecer, quieren forzar una salida por la vía de Indecopi, si se declaran en bancarrota, el mismo dueño es el principal acreedor, por tanto, el cobrará primero alrededor de US$ 176 millones que se debe a sí mismo, y si alcanza les pagará a los demás; ya lo ha hecho antes", dijo.