Finalmente, y tras una serie de inconvenientes, el Poder Judicial dictó una justa sentencia de 25 años contra Antauro Humala por su ineludible responsabilidad en el llamado "andahuaylazo", rebelión violentista que costó la vida de cuatro policías y dos civiles. La pena no podía ser menos ante acciones tan repudiables, que no podían quedar impunes. Atrás quedaron los exabruptos de Humala, que llegó a insultar a los jueces y tuvo que ser expulsado de la sala varias veces, así como los intentos de abortar o declarar la nulidad del juicio a través de diversas maniobras. No puede disfrazarse de insurgencia, como pretendía la defensa, un acto tan absurdo, sangriento e inmotivado, ocurrido en enero del 2005 bajo un gobierno elegido democráticamente. Las reglas de juego del Estado de derecho, como el orden constitucional, las normales legales y el respeto a los derechos humanos, tienen que ser respetadas por todos, sin excepción. Nadie puede estar por encima de ello, y menos tomando comisarías o matando a policías. Ese es también el razonamiento de los jueces ante los delitos cometidos por otro personaje con vocación de autócrata, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado ya por su grave responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Como jefe del Estado tenía que cumplir y hacer cumplir la ley, aun contra eventuales grupos criminales, y no usar el aparato del Estado para transgredirla, con los terribles resultados que el mundo execró. Junto con Humala fueron condenados sus principales secuaces y seguidores por graves delitos tipificados como rebelión, homicidio calificado, secuestro, arrebato de armas, tenencia ilegal de armas de fuego y daño calificado. Además, deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de cien mil soles a favor del Estado y 280 mil soles a favor de los deudos de los policías asesinados. El proceso determinó que Humala tuvo el control de las acciones de los etnocaceristas y que les había ordenado disparar si eran atacados, en una acción dirigida a deponer al entonces presidente Alejandro Toledo, todo lo cual constituye un claro delito de rebelión, más condenable cuando acaba con asesinatos. Tenemos que aprender la lección y rechazar a los dictadores o a sus patéticos remedos. Lo que el Poder Judicial ha hecho otra vez es aplicar severamente la ley para castigar a quienes la subvierten y ponen en riesgo el Estado de derecho, que tanto nos ha costado recuperar, luego de la oscura década autoritaria y abusiva de los 90. En el fondo lo que debemos defender es el sistema democrático, que nos permite vivir en una sociedad progresista orientada al desarrollo, que ejerza autoridad para garantizar la libertad, los derechos básicos, la competencia, el mérito, así como para luchar contra la exclusión y la pobreza. Pero todo esto no es gratuito. Implica conocer y respetar el ordenamiento constitucional, castigar duramente cualquier intento golpista o subversivo y rechazar a aquellos grupos o movimientos que aprovechan los mecanismos de la democracia para llegar al poder, pero que luego hacen todo lo posible para destruirla.