En cumplimiento fiel de la peor de nuestras tradiciones, aquella que hace que no exista proceso de licitación o de concesión que no acabe cuestionado, la agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) ha terminado envuelta en un escándalo debido a la opacidad que ha rodeado el traspaso del puerto de Paita a manos privadas, en este caso al Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), ganador del proceso. Todo se inició con la dación del DU 047-2008, por el cual se limitó el poder de fiscalización de la Contraloría únicamente al diseño de la transacción y al proceso de promoción, violentando la propia ley orgánica de dicha institución, que la autoriza a "supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública en el uso y destino de bienes del Estado". Así se ató de manos a la Contraloría, que solo pudo objetar vicios de forma del contrato y no ir al fondo del asunto. Hay más. De acuerdo a lo que se conoce ahora, APM Terminals "una de las tres empresas participantes del concurso" solicitó a Proinversión una ampliación de 60 a 90 días el plazo entre la fecha de adjudicación de la buena pro y la fecha de cierre. APM es el segundo operador portuario del mundo, y su oferta era muchísimo más beneficiosa al país que la de TPE, pero se le negó ese pedido mínimo, lo que obligó a su retiro del proceso. (Edición Domingo 13-09-09)