El llamado del presidente de la República, Alan García Pérez, a todos los peruanos para enfrentar unidos y firmemente a quienes traen terror y odio es sumamente positivo y totalmente activo. Lo primero, porque la toma de conciencia es fundamental para la lucha contra el narcoterrorismo, ya que los 28 millones de peruanos queremos gozar de una patria sana, fuerte, pacífica, próspera, digna y donde prime la solidaridad. Lo segundo, porque no bastan las posturas o verdades a medias para derrotar y desterrar desde sus raíces a esta lacra, sino se requiere la decidida convicción de que solo la plena y absoluta unidad de todos los poderes del Estado, instituciones y entidades públicas y privadas, credos religiosos, sociedad civil y de todos y cada uno de los ciudadanos del Perú lo hará posible. Sin duda, la base de esta requerida unidad está en el deseo de consolidar una democracia de verdad, en que sean normales el entendimiento, el diálogo, el consenso en el planteo y soluciones a los objetivos nacionales. Lineamientos que ya están demarcados en el Acuerdo Nacional con las 31 políticas de Estado, muchas de las cuales ya se concretan y logran. Por eso, no podemos ni debemos sentirnos fracasados o limitados ante un escaso número de delincuentes que viven de la muerte y del terror. A ellos, hay que enfrentarlos con la Constitución y las leyes, como es y debe ser en todo Estado democrático y de derecho social. Para ello, es necesario que cada uno de nosotros cumpla conscientemente su función y rol en esta sociedad que queremos construir. Dar leyes drásticas y ejemplarizadoras para evitar que se cometan delitos y violaciones contra la seguridad nacional, pública y ciudadana. El control de ellas en el campo constitucional debe mantener a la par tanto los estándares internacionales como el fin supremo del Estado, que es, sin duda alguna, el bien común, es decir, de todos, de las grandes mayorías, y de ninguna manera de los delincuentes en general. Denunciar y juzgar ejemplarmente a estos delincuentes sin temor ni connivencias de ninguna clase. Ejecutar y exigir racionalmente el cumplimiento de las leyes, del derecho y la justicia, únicos soportes de una sociedad humana y civilizada.