Lamentablemente para el país, el manejo del Caso Firmas, por parte del Congreso, ha dejado mucho que desear. Ha llegado el momento de devolver las cosas a su nivel, sin ceder a las voces desestabilizadoras que, sin ningún sustento válido, exigen salidas traumáticas como la suspensión temporal o, peor aun, la vacancia presidencial. No se trata de defender al presidente a cualquier precio, como pretenden algunos, sino de invocar el debido respeto a la institución presidencial y al equilibrio de poderes en el Estado democrático. En tal contexto, hay que recordar el extremado y sospechoso celo fiscalizador del pleno y algunas comisiones, en desmedro de la vital función legislativa. También el escandaloso manejo, las contramarchas, los quórum forzados y el hiperprotagonismo mediático de ciertos miembros de la comisión. Y ahora, cuando es evidente que no hay base para una acusación constitucional contra el mandatario, este Parlamento no puede recurrir a artilugios legalistas solo para esconder la ineptitud y servir a los caprichos de algunos. El Congreso no puede eludir su responsabilidad con sus electores que, precisamente por su actuar errático, lo descalifican mayoritariamente. Para recuperar el prestigio institucional que le corresponde como primer poder del Estado debe hacer un alto en el camino y reorientar sus esfuerzos a apoyar la estabilidad democrática y dejar de debilitarla. Hacer oídos sordos a este clamor sería sumamente riesgoso para la gobernabilidad.