Hasta hace 16 años el Poder Judicial era la única vía para resolver las controversias económicas o patrimoniales entre particulares, empresarios o entre ciudadanos y el Estado. Y para hallar una solución se debía esperar más de cinco años a que terminara un juicio y, a veces, más de dos años para ejecutar la sentencia. Sin embargo, desde que se dio la Ley General de Arbitraje, en 1993, el Estado y las empresas prefieren resolver sus conflictos mediante ese mecanismo, que les permite elegir a los árbitros o jueces que resolverán su caso. En estos 16 años de la ley se han resuelto controversias por más de US$2.500 millones con arbitrajes realizados en instituciones. Solo en la Cámara de Comercio de Lima se han resuelto conflictos por US$2.154 millones. En esa cifra no figuran los arbitrajes ad hoc, que se realizan directamente con el árbitro.