Los informes solicitados a diferentes estudios de abogados en los que se señala que no existe sustento jurídico para suspender, vacar o inhabilitar al presidente Alejandro Toledo por su presunta participación en el caso de la falsificación de firmas sí fueron pagados.Así lo confirmaron los propios juristas, echando por tierra la versión del ministro de Justicia, Eduardo Salhuana, quien aseguró que estos informes fueron elaborados ad honorem.Sobre el particular, el abogado Domingo García Belaunde confirmó que fueron los propios asesores de la PCM quienes le solicitaron hace una semana la elaboración de este informe legal."Todos los informes se pagan. Yo no trabajo gratis. La esclavitud en el Perú se abolió hace más de 100 años. Si debieron o no gastar el dinero del Estado en eso, es problema de ellos, no el mío", señaló en diálogo con Correo. Por su parte, el jurista Aníbal Quiroga aseguró que el informe emitido por su estudio de abogados también fue pagado por la PCM.