En la quincena de julio, el mandatario Alan García aludió tácitamente al Instituto Nacional de Cultura (INC) por poner trabas a la inversión privada. Semanas más tarde, Javier Velásquez anunció que la Presidencia del Consejo de Ministros elaboraría un proyecto para que el INC acelere la entrega de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a los eventuales inversionistas.El resultado fue más radical, pues el 19 de agosto se emitió el Decreto Supremo 009-2009- ED, que señala que "para la elaboración de los Proyectos de Evaluación Arqueológica, para el desarrollo de proyectos de inversión de obras públicas y privadas no se requiere autorización del INC".Así queda claro que ese primer cuestionamiento hecho por García Pérez no fue una mera coincidencia.
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