En diciembre del año pasado, los pobladores del distrito de Colcabamba, en la provincia huancavelicana de Tayacaja, dieron un ultimátum: o la empresa Electro-Perú pagaba sus presuntas deudas de impuesto predial que cargaba desde el 2003, o ellos paralizarían la central hidroeléctrica del Mantaro, lo que dejaría sin luz a Lima. Meses después de ese incidente, y fruto de un diálogo con el arbitraje de una comisión mixta, se llegó a un acuerdo que ha sido respetado. Por esto, en el último reporte de conflictos sociales que da mensualmente la Defensoría del Pueblo, este problema se ha considerado resuelto, así como otro en Ilo. Sin embargo -según este mismo informe-, aún quedan otros 284 por solucionar.Para Pablo Castillo, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es la mayoría de veces el camino más exitoso para la resolución de conflictos. "Sin embargo, a pesar de las conversaciones no siempre hay un acuerdo", subraya.