Tras la observación por parte del Ejecutivo del proyecto congresal de ley de jubilación anticipada, tienen que abrirse vías para aclarar dudas, llenar vacíos y conciliar posiciones en torno a un problema que afecta a un amplio grupo de ciudadanos. Al respecto, la principal preocupación del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha sido poner sobre la mesa el problema colateral que afectaría a quienes retiren su fondo por no alcanzar una pensión mínima, pues no tendrían acceso a Essalud. Ello se torna más serio si se considera que se trata de personas de mediana edad o más, y de pocos recursos. ¿Qué hacer? Pues no se trata de insistir simplista y tercamente en la iniciativa gestada en el Congreso, sino de propiciar un proyecto mejor y acorde a la realidad. Por lo que se ha informado, el MEF ya habría aprobado las partidas para las devoluciones y pensiones de este régimen especial que, hay que aclararlo, no es de aplicación masiva. Incluso, en primera instancia, los representantes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) mostraron su acuerdo con este régimen excepcional, aunque con las reservas del caso para no desestabilizar el sistema privado que, en contraposición al público, es más funcional, eficiente y equitativo, pero necesita ciertos ajustes. Efectivamente, un aspecto problemático era abrir la posibilidad de que los afiliados mayores de 55 años en situación de desempleo puedan acogerse a la jubilación adelantada. Ello, porque las probabilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo a esa edad son limitadas, por lo que resulta injusto y absurdo que tengan que esperar hasta 10 años por lo menos para acceder a un fondo que les pertenece, pero que la ley actualmente les impide tocar. Eso no es todo. Sigue pendiente también el debate de un proyecto para modificar las altas comisiones que cobran actualmente las AFP por gestionar los fondos de sus afiliados, de modo que guarden relación con las ganancias que el sistema genera. Adicionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debe restaurar el concepto de rentabilidad mínima y establecer un índice de referencia que refleje la rentabilidad de un grupo de valores e instrumentos de inversión similar a aquel en el que invierten las AFP, contra el cual se pueda comparar el rendimiento de los fondos. Tornando al tema del acceso a la salud, el Ministerio de Economía, junto con el Congreso y representantes de Essalud y del propio SPP, tiene que evaluar alternativas innovadoras para asegurar la cobertura de salud a quienes se acojan a la jubilación anticipada. El Seguro Integral de Salud, que se implementa en todo el país, podría ser una salida, pero no la única. Lo que no debe perderse de vista es la necesidad de garantizar calidad de vida a quienes aportaron por largo tiempo al sistema de pensiones, pero que, por una u otra razón, están hoy en el medio de una controversia legislativa en la cual no tienen ninguna culpa. El tema debe resolverse con criterio técnico y social, dejando de lado las rivalidades políticas y las apelaciones demagógicas