Los acuerdos logrados entre el consorcio Camisea y el Gobierno, y que incorporan más volúmenes de gas natural para abastecer el mercado interno, son un avance pero no una solución definitiva (el acuerdo es para cinco años).Esta última dependerá de la confirmación de nuevas reservas probadas y comerciales, lo cual se sabrá recién a fines del 2011, dado el tiempo que toman las inversiones que se requieren ejecutar para ese fin (cerca de US$ 2,000 millones). Pero el problema no solo es la magnitud de las reservas. El que hoy 8.8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural probados y certificados de Camisea no alcancen para cubrir la demanda interna, es el resultado no solo de que se hayan comprometido 4 TCF para el proyecto de exportación (que ahora serán 2 TCF por cinco años) sino también del crecimiento explosivo de la demanda interna de gas en los últimos tres años. Esto último fue inducido por el precio del gas natural que se mantuvo bajo (prácticamente está congelado), gracias a la renegociación que hizo el Gobierno actual de la fórmula de ajuste del precio para el mercado interno.Esta medida permitió que el consumidor interno no se vea afectado por un incremento importante de tarifas eléctricas, pero ocasionó un uso ineficiente del gas natural (generación a ciclo simple) y desincentivó la inversión en otras fuentes de generación más eficientes como las hidroeléctricas. Los riesgos de un control de precios van mucho más allá. Tratándose de recursos no renovables, como es el gas natural, ello puede ocasionar la extinción del recurso prematuramente. El caso argentino es un espejo en el que nos deberíamos mirar.No será una tarea fácil sincerar los precios del gas, sobre todo cuando el costo político puede ser alto; menos cuando ahora existe el problema adicional de reservas de gas con precios regulados (lote 88) y otras con precios libres (lotes 57 y 58). Pero debe emprenderse para eliminar las señales perniciosas que está ocasionando en el mercado energético y propiciar más bien el uso eficiente de este recurso. Obviamente, ello debe estar enmarcado en una política energética integral que, al parecer, lamentablemente no existe.
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