EL PRESUPUESTO Y LA ASFIXIANTE PLANILLA ESTATAL

El Gobierno y el Congreso de la República siguen privándonos de un proyecto serio de reforma del Estado. Peor aun: estamos lejos de tener a la vista un presupuesto moderno, descentralista y transparente, sujeto a controles reales y verificables que permitan un manejo eficiente de los fondos públicos.La atingencia es oportuna ahora que el Legislativo se alista a revisar la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo para el 2005, y que muestra vacíos y desniveles preocupantes.El gasto corriente (incluida la asfixiante planilla) sigue prevaleciendo sobre el gasto de capital. Siendo realistas de que esta situación no cambiará en el corto plazo, por lo menos hasta que se concrete la reforma del Estado, la inversión privada es el único mecanismo viable para asegurar el desarrollo de la infraestructura que necesita el país. Esto se hace más urgente si se toma en cuenta que el país podría firmar el próximo año un TLC con EE.UU. y que la competitividad es elemento clave para el progreso.La responsabilidad del Estado en términos de la inversión y la infraestructura debe orientarse a garantizar que la ejecución de la inversión pública se haga de manera eficiente, lo cual pasa por establecer claramente las prioridades sectoriales, crear una cartera de proyectos rentables económica y socialmente, y porque la contraloría esté en capacidad de ejercer una adecuada fiscalización en todos los niveles de gobierno sobre los gastos de capital.De otro lado, resulta contraproducente que se haya trastocado el principio fundamental de ordenar los ingresos y gastos dentro de un presupuesto general balanceado. Más bien se crean fondos especiales -como el asignado a las FF.AA. y policiales- que tienden a convertirse en partidas inamovibles.Llama la atención que se insista en un presupuesto poco descentralista y que siga sin resolverse la inequitativa, irresponsable y politizada gestión del llamado gasto social. Se esperaba una estrategia coherente que diera prioridad a la transferencia de recursos a las regiones y gobiernos locales, y que se garantice la fiscalización permanente de la ayuda social.