María Chappuis fue directora general de Minería del pasado gobierno. En el 2005 fue invitada a renunciar porque se opuso tajantemente a la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run, que hoy nuevamente se pide ampliar. Ahora, como consultora en el sector, señala que independientemente de lo que pase en Indecopi o con lo que decida la Comisión Técnica La Oroya el Gobierno debería estar evaluando otras salidas para ayudar a la población que depende de la minería.¿A dónde cree que apuntará la comisión que buscará la solución realista para Doe Run?No tengo la menor idea. Espero que no sea una mecida más. La población de La Oroya depende de la metalurgia de Doe Run. Pensar en otra actividad suena difícil.No hay que esperar a que la junta de acreedores en seis meses diga que la empresa se liquida y el Estado no sepa qué hacer. Deberíamos ponernos ya en ese escenario. ¿Qué alternativas se podrían evaluar?En España había zonas donde todo giraba alrededor de la industria extractiva del carbón. Un día esta industria dejó de ser competitiva porque había carbón colombiano a precios más bajos y varias empresas tuvieron que cerrar creándose un gran problema social. Entonces el Gobierno formó el Inreca (Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón) que apoyó proyectos de infraestructura, proyectos empresariales generadores de empleo y dio condiciones especiales para que otras industrias se instalen en esas zonas. Pero España no es el Perú.Es cierto. En España hay una logística distinta, pero La Oroya es un punto neurálgico, no es una ciudad perdida a la cual nadie llega, La Oroya está en un punto donde Lima se conecta con la sierra y la selva. La Oroya tiene más potencial que el minero. El Estado tiene que desarrollar una política social y pensar si es mejor gastar en cada trabajador algunos miles de soles o hacerse de una empresa que debe a tanta gente. Tiene que ponderar económicamente esta situación.