A medida que nos acercamos a los comicios del 2006, nuestros políticos no dejan de sorprendernos. En vísperas de la próxima campaña electoral se pretende duplicar el número de municipalidades en el país, vía una enmienda a la actual Carta Política. Lo que se quiere es que los mil 864 centros poblados -esto es, aquellas circunscripciones más pequeñas que los distritos- tengan la misma autonomía económica, administrativa y política de la que gozan hoy los 194 gobiernos ediles provinciales y mil 634 distritales. Es decir, tendríamos tres mil 692 municipalidades. Esto implicará que los pocos recursos económicos del Estado que son destinados para obras comunales -vía el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) o canon- serán dirigidos al pago de planillas de la nueva burocracia edil que automáticamente surgirá de prosperar este cambio legal: el sueldo de por lo menos mil 864 alcaldes y las dietas de nueve mil 320 regidores. Es más. Exigirá que la Contraloría General de la República modifique su actual sistema de control de los fondos estatales, porque gracias a esta pretendida autonomía constitucional, aparecerán mil 864 "unidades ejecutoras de gasto", respecto a los cuales deberá ejercerse auditorías con sus correspondientes oficinas de control.