Los pasillos y despachos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y del Ministerio del Interior del Perú han estado particularmente movidos durante las últimas semanas. En Lima, mientras el Ministerio del Interior con el aporte de un millón de dólares de cooperación externa creaba la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, cuya moderna y amplia sede se ubicará en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, en Washington, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos analizaba el envío al Perú de varios agentes del recientemente formado grupo especial de inspectores de nivel ICE (Inmigration and Customs Enforcement). ¿El motivo? Ambos organismos buscan combatir la impune y creciente actividad de las mafias de tráfico de inmigrantes que han establecido su centro de operaciones en nuestro país, aprovechando la confluencia de tres fenómenos: la elevada corrupción de ciertos funcionarios de la Dirección de Inmigración, el escaso control en el aeropuerto Jorge Chávez y la particular ubicación geográfica del Perú, que le hace compartir sus fronteras con cinco países de América del Sur. A todo ello se suma un reciente factor, convertido en decisivo: la calidad en la falsificación de visas, pasaportes y documentos en nuestro país. De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el Perú podría ocupar el primer lugar de América Latina en el ránking de países con técnicas de falsificación de alta tecnología. La PNP sostiene que en Lima operan veinte organizaciones de tráfico de inmigrantes. De ellas, se calcula que catorce son manejadas por peruanos y seis por extranjeros que residen en el país y con conexiones en diversas partes del mundo.