La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra el Estado peruano por las violaciones de derechos humanos en la ciudad de La Oroya, debido a la contaminación severa del complejo metalúrgico propiedad de Doe Run que opera en la ciudad que amenazan gravemente los derechos humanos de la población, en particular los derechos a la vida, salud e integridad. La denuncia fue interpuesta por las ONG AIDA, Earthjustice y CEDHA, iniciativa apoyada en Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).