Según las observaciones hechas por el Gobierno, la autógrafa de la ley de jubilación adelantada para afiliados a las AFP originaría un costo social que el Congreso no habría considerado al momento de aprobarla.Según este argumento, el número de personas que se acogería a la devolución de aportaciones (por no alcanzar un fondo mínimo para pensiones) generaría un problema social a largo plazo, pues serían miles de adultos mayores desprotegidos, no solo por falta de pensiones, sino también de servicios de salud.En ello coincidieron especialistas, congresistas y voceros del MEF. El Gobierno defendió lo observado y enfatizó que el Congreso no consideró lo que supondría para el Estado que 18.000 personas quedarían a la larga sin pensión y sin beneficios de salud.